Política de Uso de Inteligencia Artificial en la Jurisdicción Chilena

La reciente política aprobada el pasado viernes, resultante de un proceso reflexivo impulsado y coordinado por la Corte Suprema sobre el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial ha sido presentada como un avance hacia la modernización. Sin embargo, el verdadero debate no es tecnológico, sino democrático. La pregunta de fondo es si estamos utilizando la inteligencia artificial para fortalecer la justicia o si estamos comenzando a abrir la puerta para que decisiones cada vez más relevantes descansen en sistemas cuya lógica escapa al control ciudadano.

Es cierto que la nueva regulación establece límites importantes: la IA no podrá decidir casos, valorar pruebas ni fundamentar sentencias.

Además, toda utilización deberá estar sometida a supervisión humana. Estas restricciones son correctas porque reconocen una verdad evidente: juzgar no es procesar datos. Resolver un conflicto exige ponderar derechos, interpretar contextos humanos y asumir responsabilidades éticas que ningún algoritmo puede reemplazar.

Sin embargo, sería ingenuo conformarse con esa garantía formal. La experiencia demuestra que cuando una herramienta tecnológica promete rapidez y eficiencia, las instituciones tienden a depender crecientemente de ella. Aunque un juez siga firmando una resolución, existe el riesgo de que el criterio ya haya sido condicionado por recomendaciones generadas por sistemas de inteligencia artificial. La sustitución del juicio humano no siempre ocurre de manera explícita; muchas veces se instala gradualmente mediante la confianza excesiva en lo que indica una máquina.

Los defensores de estas tecnologías sostienen que permitirán reducir tiempos de tramitación y mejorar la gestión de causas. Probablemente tengan razón. Chile enfrenta una justicia lenta, burocrática y frecuentemente incapaz de responder con la rapidez que demandan los ciudadanos. Una herramienta que permita ordenar expedientes, revisar antecedentes o agilizar tareas administrativas puede representar un aporte significativo al acceso a la justicia. Una sentencia tardía, después de todo, también constituye una forma de injusticia.

Pero la rapidez no puede convertirse en el principal indicador de calidad judicial. Si el objetivo supremo es resolver más rápido, existe el peligro de transformar la justicia en una cadena de producción donde la eficiencia termine desplazando a la deliberación. Los tribunales no existen para procesar casos como una empresa procesa solicitudes; existen para garantizar derechos. Y garantizar derechos requiere tiempo, prudencia y razonamiento crítico.

A ello se suma un problema aún más preocupante: la opacidad. Muchos sistemas de inteligencia artificial operan como verdaderas "cajas negras". Entregan respuestas, recomendaciones o patrones, pero sin explicar de manera comprensible cómo llegaron a esas conclusiones. ¿Cómo puede una institución obligada a fundamentar cada una de sus decisiones apoyarse en herramientas incapaces de ofrecer una explicación transparente de sus resultados? La falta de trazabilidad no es un problema técnico; es un problema de legitimidad democrática.

Tampoco deben subestimarse los riesgos asociados a los datos personales y a los sesgos algorítmicos. La propia política reconoce la amenaza al prohibir el ingreso de información sensible en sistemas no autorizados. Sin embargo, ninguna regulación elimina completamente la posibilidad de filtraciones, vulneraciones de privacidad o reproducciones automáticas de discriminaciones presentes en los datos que alimentan estos sistemas.

La creación de un Comité de IA y de mecanismos de control constituye un avance, pero no una solución definitiva. El desafío no consiste únicamente en regular la tecnología, sino en impedir que la fascinación por la innovación debilite principios esenciales de la función jurisdiccional.

La inteligencia artificial puede ayudar a una justicia más eficiente. por ejemplo con la celeridad, sin embargo de momento lo que no puede hacer es volverla más justa. La justicia requiere responsabilidad, criterio, empatía y deliberación humana. Cuando la velocidad comienza a valorarse más que la reflexión, el riesgo no es tener jueces asistidos por algoritmos. El riesgo es terminar con algoritmos asistidos por jueces.